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Reprodueixo aquest article d'ElPaís.cr (Costa Rica) del 2 de mar´de 2019, pel seu interès.
Profesor en Planificación y Geografía Urbana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
En febrero de 2019 ha empezado el
juicio a los representantes de la voz catalana que defendió, el 1 de octubre de
2017, el derecho a votar su libre determinación. Lo defendieron votando, y
España envió allí al cuerpo policial para impedirlo. Ahora, tras unos meses de
censura y persecución mediática y judicial, empieza el juicio con los
representantes civiles y políticos entre rejas y el cuerpo policial condecorado,
bajo la tutela de Su Majestad el Rey Borbón. Este texto denuncia la
imparcialidad del proceso judicial, ahonda en sus causas históricas y alerta de
los desafíos que conlleva no darle solución.
Estas palabras van dirigidas a la atención
del orden internacional, en especial de América Latina, con la mirada puesta en
Europa y sus desafíos históricos. El asunto es el juicio a los representantes
del pueblo catalán, que desea expresar su libre autodeterminación ante una
España que no le otorga este derecho. El motivo de este llamamiento es la falta
de imparcialidad del proceso, la ausencia de un arbitrio internacional, y su
impacto global.
El juicio se ha iniciado el mes de febrero
de 2019, y el sistema judicial español actúa como juez y parte defendiendo la
unidad de España. El aparato mediático estatal ha sentenciado el caso catalán
ante la opinión colectiva, antes de empezar el juicio, y la sentencia es clara:
son culpables. Paralelamente, se evita la difusión del juicio para contener la
capacidad crítica de la comunidad española e internacional y, sobre todo, para
silenciar la voz catalana que cuestiona a la sentencia mediática y judicial
preconcebida. De este modo, se silencia, también, a la voz de las gentes y/o
pueblos que cuestionan al orden establecido y se organizan para defender su
libre expresión.
Los catalanes, resultado del rechazo de
España a su ofrecimiento para formar parte de ella, con el estatus de nación,
han instado a sus representantes culturales, civiles y políticos, a ejercer su
derecho a la libre determinación, como pueblo. Y se han organizado
colectivamente para realizar un referéndum de autodeterminación. Desean saber
cómo quieren gobernarse, tras cuestionar la autoridad de un estado español que
se niega a aceptar la singularidad nacional catalana y ejerce instrumentos de
dominación sobre ella. Las causas de esta determinación popular son históricas.
Es incuestionable la opresión que los estados francés y español han ejercido
sobre el territorio de influencia catalana, que entronca con la región de
Occitania, del mismo modo que es incuestionable el borrado de su historia común.
Occitania y el principado de Cataluña, junto con el resto de los reinos
catalanes (Valencia y Mallorca), así como el condado del Rosellón, son una
entidad de origen medieval que, resultado de un pulso político y religioso, ha
sido objeto de descrédito, persecución y opresión. Este desafío cultural ha ido
acompañado del desmantelamiento de la autoridad de Aviñón, de la Orden de San
Juan y del pueblo judío en estas tierras, así como de las autoridades cátara y
protestante, bajo el brazo católico inquisitorial, en las mismas tierras desde
las cuales se expandió el modelo monástico benedictino por toda Europa
Occidental (Aniana, junto a Aviñón y Montpellier), hará ya más de 1000
años.
Los reinos catalanes han mantenido su
autoridad nacional, institucional, jurídica, económica y fiscal hasta el inicio
del siglo XVIII. Es entonces cuando castellanos y franceses, bajo el proyecto
Borbón, inician el desmantelamiento de la identidad nacional catalana imponiendo
el absolutismo castellano
Pero, pese a todo ello, los reinos
catalanes han mantenido su autoridad nacional, institucional, jurídica,
económica y fiscal hasta el inicio del siglo XVIII. Es entonces cuando
castellanos y franceses, bajo el proyecto Borbón, inician el desmantelamiento de
la identidad nacional catalana imponiendo el absolutismo castellano. Este
desmantelamiento es el resultado de una guerra dinástica internacional para el
control de Europa, en la que los ingleses, los holandeses, los austríacos, los
portugueses y los poderes de los Saboya acuerdan con los borbones el reparto de
sus tierras y de los derechos del proyecto colonial. Con el Tratado de Utrecht,
de 1713, que pone fin a esta guerra, se traza el destino de los catalanes, que
son abandonados a la suerte del derecho de conquista, y el conflicto continúa en
una contienda desigual entre catalanes y borbónicos, hasta que son derrotados.
Desde entonces, los catalanes defienden sus privilegios y libertades labrados a
lo largo de los siglos gracias a un sistema parlamentario altamente
institucionalizado, que son los derechos originarios de todo pueblo genuino. En
su lugar, en toda España se impone una institución intrusa sin vocación
parlamentaria, bajo el modelo castellano e inquisitorial, que la historiografía
oficial se empeña en dignificar por activa y por pasiva.
En conjunto, se trata de un episodio que
Europa ha tendido a descuidar, en el largo y doloroso proceso de formulación de
sus estados, y de su difícil convivencia. Por lo general, con el paso del tiempo
se ha normalizado un orden político, económico y sociocultural, como ha ocurrido
en Francia. Pero en el caso de España este proceso todavía no se ha
materializado.
Resultado de la castellanización
forzada del conjunto de las naciones de la región de España, España se niega a
reconocer plenamente su identidad plurinacional, del mismo modo que le ocurre a
Europa
Resultado de la castellanización forzada
del conjunto de las naciones de la región de España, que se inicia en el siglo
XVI, que se acelera en el siglo XVIII, y se ha mantenido hasta la constitución
española de 1978, España se niega a reconocer plenamente su identidad
plurinacional, del mismo modo que le ocurre a Europa. Por razones políticas,
económicas, religiosas y culturales, España y el orden europeo son coautores del
desmantelamiento de la identidad nacional catalana. Lo fueron en el siglo XVIII,
pero también en el siglo XX. Con el nacimiento de las Naciones Unidas, Europa no
reconoció la singularidad del proceso colonial castellano, y España implementó
la censura y la represión en defensa de su identidad castellana, a costa del
resto de nacionalidades. Cataluña y el republicanismo español quedaron a merced
del gobierno fascista franquista, quien ejerció una profunda represión con
docenas de miles de víctimas que todavía nadie ha podido dignificar, ni juzgar.
El franquismo terminó, pero la democracia empezó con la prohibición de juzgar al
franquismo, de modo que se mantuvo en el poder. Se impuso la Ley de amnistía de
1977, y Europa no lo impidió. España aplazó de este modo su correcta
reconciliación.
Como resultado, se ha creado una situación
anómala en su convivencia. Otras entidades plurinacionales, como el Reino Unido,
Bélgica o Suiza, a lo largo de los siglos diecinueve y veinte han tendido a
aprender a convivir, respetándose mutuamente. España ha hecho pasos adelante
hacia su conciliación, en el último cuarto del siglo XX, pero este proceso ha
sido insuficiente. Empezó condicionado por el interés de Europa en abrir sus
fronteras a España, sin consenso, sin un debate y al margen de la castellanidad,
y ha iniciado un retroceso. Esta situación, en el caso de Cataluña, se ha
agravado debido a la cuestionable administración estatal de los derechos
históricos y culturales de los catalanes, así como de una incuestionable
fiscalización política y económica de Cataluña, Valencia y Mallorca.
En este contexto, los representantes
civiles y políticos catalanes, con el apoyo cultural e intelectual de la
catalanidad, han apoyado la voluntad del pueblo catalán. Ellos son los
representantes de un pueblo unido que defiende sus derechos fundamentales, a
quien se deben. Todos ellos desean expresar su opinión y mostrar su
determinación a expresarse como nación, en un orden internacional justo, en el
que no haya desigualdades impuestas entre las naciones y exista el derecho al
reconocimiento mutuo, para el bien común.
Se trata de un desafío a una
españolidad castellana que no incorpora a la catalanidad como parte de su
identidad, que no respeta su naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la
represión al resto de naciones, con total impunidad
No se trata de un desafío a la
castellanidad en Cataluña. Se trata de un desafío a una españolidad castellana
que no incorpora a la catalanidad como parte de su identidad, que no respeta su
naturaleza plurinacional y ejerce la fobia y la represión al resto de naciones,
con total impunidad. El catalán está prohibido en las cortes de España y en el
ejército español, y está ampliamente rechazado en el sistema judicial de índole
estatal. Las consecuencias de esta situación transcienden a un pulso por una
identidad cultural, y forman parte de la aplicación de un derecho de ocupación
histórico de carácter militar, político e institucional, dirigido en su origen
por su majestad Felipe V de Borbón, en los inicios del siglo XVIII, que tiene su
fundamento internacional en el Tratado de Utrecht.
Ante este escenario, el pueblo catalán
participó activamente del proceso de implementación del sistema democrático y
social en España, iniciado desde la muerte del dictador Francisco Franco y
tutelado por Europa. El balance fue, inicialmente, aparentemente positivo. Pero
en el momento en que la catalanidad recuperó su dignidad, en el inicio de la
década de los 2000, fue objeto de recelo. Cataluña ofreció normalizar el proceso
de recuperación de su identidad y sus derechos a España, pero ésta se la negó.
En su lugar, España empezó una campaña judicial contra la normalización de la
catalanidad. Resultado de ello, la catalanidad se reorganizó decidida y
pacíficamente para defender sus derechos. Pidió ejercer su voz, su derecho a
opinar. Pero ante la reiterada negación de España y el renacimiento de la
hostilidad anticatalana, mostró su autoridad y se organizó con fondos y recursos
propios, para votar un referéndum el día uno de octubre de 2017. Y votó, pese a
una lamentable represión policial, derivada de la ausencia de carácter
dialogante de la autoridad castellana. El resultado fue concluyente. Existe una
mayoría de catalanes que desean dejar de formar parte de España, que es superior
a la de los catalanes que desean seguir formando parte de ella. La españolidad
castellana, lejos de abrirse al diálogo, optó por acentuar la represión,
imponiendo la censura mediática y atentando contra la libertad de expresión,
mientras iniciaba un proceso de judicialización sin precedentes. El orden
policial, jurídico y político catalán fue intervenido. Todos aquellos que no
representaban al orden español fueron retirados de sus cargos. En algunos casos,
ajusticiados, del mismo modo que se inició el enjuiciamiento a la voz cultural y
periodística.
Tanto el gobierno español como su sistema
judicial, con el apoyo de su majestad el rey y la connivencia del ejército y la
conferencia episcopal española, así como del poder económico instrumentalizado
en la política, con el control casi absoluto de los medios de comunicación, se
han opuesto a dar voz a los catalanes. En su lugar, todos ellos han creado el
imaginario de unos líderes catalanes que han generado alboroto popular, y que
actúan en contra de la ley, sin atender a los derechos fundamentales del orden
internacional acordado en la Carta de las naciones unidas. La españolidad
castellana, que gobierna con el brazo militar y judicial a España desde hace
tres siglos, ha transformado a los representantes catalanes en los líderes de un
motín, y los ha amenazado, perseguido, enjuiciado y enviado a prisión. Desde el
mes de febrero del año 2019, ha iniciado un juicio contra ellos. Los acusa de
organización criminal, rebelión, sedición y malversación de los fondos públicos.
Y nadie acusa, a la españolidad, de atentar contra el pueblo y la nación a
quienes ellos representan: Cataluña.
Europa ha pedido una solución
dialogada, pero España pide penas de 12 a 74 años de cárcel contra los
representantes democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado
el falso imaginario de un liderazgo populista e ilegal
Ante la ausencia de un orden internacional
legitimado, conocedor de la verdadera historia de los catalanes, que defienda
los derechos de los pueblos a la libre determinación, Europa ha optado por pedir
a España una solución dialogada. En su lugar, sin embargo, España ha decidido
juzgar a quienes considera los líderes de una rebelión, organizados como una
banda criminal. Pide penas de 12 a 74 años de cárcel, contra los representantes
democráticos y civiles de un pueblo organizado, tras haber creado el falso
imaginario de un liderazgo populista e ilegal, negando todo ápice de diálogo y
creando un juicio a priori que ya incluye la sentencia. Paralelamente, en España
se ha recuperado la voz neofascista, y la anticatalanidad se ha agravado, así
como la del propio sistema democrático. Se ha reavivado el desmantelamiento de
los pocos derechos culturales y lingüísticos de la catalanidad en Cataluña, tal
y como se ha acelerado en las últimas dos décadas en Mallorca y Valencia. El
pulso cultural es ahora judicial, faltando a la verdad histórica y a los
derechos fundamentales de todos los pueblos.
La causa catalana no es solamente una
legítima causa social, cultural y nacional. Es también una causa europea, por un
orden internacional más justo y equitativo. Pero es, de hecho, una causa global,
en un punto crítico de la historia de la humanidad en el que la democracia se
pone en duda, también en Europa.
Europa ha conseguido sobreponerse a su
propia competencia interna, liderando en el siglo veintiuno las voces de la
democracia, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, en un proceso en
el que también han participado, activamente, los catalanes. En este proceso, sin
embargo, Europa ha sacrificado varias culturas, internas y externas a su ámbito
continental. En este sentido, atender el asunto catalán es una cuestión
pendiente. Cataluña es la nación histórica europea con más vigor sin ser
reconocida como tal. La España castellana es responsable de ello, pero también
lo es el orden internacional europeo.
Dar voz a los catalanes no es un
delito, el delito es enjuiciar a la catalanidad y conceder la impunidad a España
sin atender a la responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya
convivencia se fundamenta en el libre reconocimiento mutuo
En el caso de que Europa permita dar
continuidad al juicio contra la causa catalana, será un paso a atrás que tendrá
consecuencias en la conciencia colectiva. Dar voz a los catalanes, en una Unión
Europea democrática, económica y social, no es un delito. El delito es enjuiciar
a la catalanidad y conceder la impunidad a España sin atender a la
responsabilidad colectiva de los pueblos del mundo, cuya convivencia se
fundamenta en el libre reconocimiento mutuo.
Por encima de todo, existe el derecho de
los pueblos a tener representantes políticos y civiles, sin cuya autoridad se
ahoga la voz de la libertad, de la democracia y de los derechos sociales.
Permitir este juicio y la condena o represión a la catalanidad, en el seno de la
Unión Europea, tendrá consecuencias por el carácter antisocial del mismo. Pero,
sobre todo, tendrá consecuencias por el hecho de tratarse de una seria amenaza
para quienes representan a la democracia y la libertad necesarias para una
confederación global de los pueblos. Sin esta confederación global, en la que
todos los pueblos tengan voz a través de sus representantes, no será posible
garantizar la paz universal ni afrontar los desafíos económicos, sociales y
ecológicos que la humanidad debe atender.
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