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Hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control
Está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos
Elisa Beni
"Sin una total y plenaria resolución de este
gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente
nada"
Eduardo García de Enterría. La lucha
contra las inmunidades del poder
En esta semana, que Stravinsky no hubiera
firmado como primaveral, hemos conocido diversos hechos que consagran por un
lado a Sofía Marchena como fiscal y a Carlos Lesmes como el Poder Sol. Puedo
decirles ya que no hay en España nadie con más poder que Lesmes y sus siete
acólitos de la Comisión Permanente del CGPJ. Nadie tiene más poder que ellos
porque no hay nadie más en este Estado de Derecho cuyos actos no puedan ser
controlados o fiscalizados por nadie. Y ése es el verdadero poder. Hoy voy a
explicarles cómo estas ocho personas han conseguido no responder sino ante sus
conciencias, si es que las tienen o están activas. Un poder sin control no es un
poder democrático. Y, como en los buenos relatos, todo está relacionado y al
final les va a dar la impresión de que encajan todas las piezas que durante
meses hemos ido atesorando.
Es obligación, ya les dije, de buen
periodista seguir las historias y, en la era del relato más que nunca, el lector
tiene derecho a saber en qué desembocan aquellas que iniciamos. Por eso quería
contarles que Sofía Marchena ya es la fiscal 35+1 de su promoción y que el Rey
le ha hecho entrega esta semana de su flamante despacho para comenzar su
singladura, tras todo este culebrón que conocemos, transformada inéditamente de
la juez que no fue en la fiscal que ya es. Me cuentan que, a pesar de ser la
última a elegir, dadas las extrañas conformaciones de su plaza, ha podido
escoger aún entre dos destinos y de ellos se ha quedado con Ibiza, desdeñando el
de Olot que también le fue ofrecido. Sofía Marchena ya es fiscal ibicenca y,
además, estos mismos días ha tenido la tranquilidad de ver como la Sala Tercera
del Tribunal Supremo archivaba la demanda contencioso-administrativa interpuesta
por la anómala forma en que consiguió cambiarse desde la carrera judicial.
¡Llevaba razón ella!, me dirán. ¡Todo era limpio y legal como proclamaban los
tiralevitas de papá Marchena! No lo sabemos, les respondo. Y no lo sabemos
porque el Tribunal Supremo se ha negado a estudiar el fondo de la cuestión. Lo
ha hecho en una resolución muy curiosa en la que la tradicional asepsia del
órgano se traiciona con un párrafo final que dice: "La inadmisión por falta de
legitimación no está pensada para evitar el examen de asuntos feos o
comprometidos, ni para mirar para otro lado, sino para impedir el uso del
procedimiento para fines distintos de los que le son propios. Como bien dice el
recurrente, no todo vale", escriben los magistrados airados antes de clavarle el
puñal de las costas a la asociación de juristas que presentó la demanda. No es
que estos no supieran que este iba a ser el final, ni que no tengan preparados
los dineros, pero que los señores magistrados se han picado es obvio. Y el que
se pica...
Lo cierto es que ni la asociación de
juristas catalanes que les irrita ni las asociaciones judiciales, que lo
hubieran hecho, ni nadie que no sean las personas directamente perjudicadas
pueden recurrir estos actos de nombramiento. Simplemente con disuadir a los
perjudicados o hacer que no se enteren en plazo ya basta para consagrar la santa
voluntad de un nombramiento y esto es lo que se hizo en la operación Sofía
Marchena, ya que como rezaba la demanda y yo les he ido contando "se diseñó una
operación jurídica para posibilitar que la Sra. Marchena tuviera la oportunidad
de optar de nuevo entre la carrera judicial y la fiscal". Por eso se publicó la
resolución mollar el día de Nochebuena y por eso cuando tras el escándalo de la
publicación de estos hechos se hicieron ofrecimientos a las perjudicadas, que
figuran en el expediente, estos se hicieron en fechas en las que ya había
vencido el plazo de recurso y por vías y de forma anómala, tal y como hemos
visto en el expediente. Todo eso ha quedado sepultado por un "no procede". Por
eso a una de las perjudicadas, la que me destapó la noticia diciendo en uno de
mis buzones: "Me llamo X (...) Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE
JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras
irregularidades como esta". A esa perjudicada ya hubo quien se ocupó de
convencerla de que era un lío seguir por ese camino. Borró hasta las cuentas de
correo que usó para enviarme información. No hay perjudicados o estos han sido
convenientemente aplacados. A otra cosa mariposa. Como si no le importara a
nadie más o no tuviera que ver con la carrera judicial o con la sociedad o con
los principios democráticos que pasen cosas así.
A veces Lesmes y sus siete vocales colocan
a los que quieren, pero sí hay perjudicados que le echan redaños. Eso es lo que
ha sucedido con los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco, para la Sala
de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera ha anulado este apaño y
le ha dado la razón a los recurrentes que fueron perjudicados, pero Carlos Sol y
sus chicos se han pasado por la toga en la ejecución de la sentencia ese
control, dado que han decidido darle sus plazas a los que eran justamente sus
dueños y, además, dejar a los otros dos adscritos a esa Sala, que no les
pertenece, hasta que las ranas críen pelo. El control de sus actos ha quedado
invalidado así. Su voluntad prima sobre todas las cosas y todas las
instancias.
No es el único caso. En la Audiencia de
Cádiz sacaron una plaza y nombraron por escalafón a un magistrado, pero resultó
incorrecto y el TS anuló la convocatoria ¿Qué han hecho? Dársela al propietario
y dejar igualmente a Juan Sebastián Coloma, nombrado indebidamente, adscrito a
la Audiencia.
Todo esto solo viene a demostrar que en
una sociedad democrática hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa
a cualquier control y que está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos,
copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar
sus actos ya que, por vía de ejecución, ignoran a la Sala Tercera. Y viene a
demostrar también que mientras en la jurisdicción penal, en la que se juegan
cosas mucho más graves como la libertad, existe la legitimación de la sociedad
para actuar, a través de la acusación popular, en la contencioso-administrativa
no cabe de ninguna manera la denuncia de las arbitrariedades sino por aquel que
haya sido directamente perjudicado por ella. Si éste no existe o desiste, la
arbitrariedad se consagra. No tiene sentido en una cuestión tan esencial para la
democracia como es la conformación de los órganos jurisdiccionales que
impartirán justicia para el pueblo. Ni siquiera las asociaciones judiciales, al
no tener reconocida la representación, pueden jugar el papel que juegan los
sindicatos en otros ámbitos de la Administración.
Por eso, tengo que decirles que Carlos
Lesmes, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Jose
Ballesteros, Alvaro Cuesta, José María Mazas y Pilar Sepúlveda son ahora mismo
los nombres del poder en España. Forman parte de una Permanente caducada, pero
están dejando unos tribunales a su antojo, con filias y nepotismos incluidos,
sin que absolutamente nadie pueda controlar en algunos casos sus actos. Ya saben
que el Cuarto Poder solo lo es de nombre y que un pobre escribidor a veces grita
y se desgañita sin lograr nada, allí donde nadie más poderoso lo ha logrado. Aun
así es nuestro debe señalar y el de otros acabar con el atropello.
Font: https://www.eldiario.es/zonacritica/Sofia-fiscal-Lesmes-Rey-Sol_6_905419461.html
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