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Sigue la guerra del nacionalismo español
contra Catalunya. No hay día en que no se ataque al independentismo desde algún
frente: políticos falangistas como Rivera, falangistas políticos como Abascal,
militares más o menos excedentes, delincuentes callejeros al servicio del
falangismo, funcionarios de la policía, ministros, tribunales de justicia,
órganos de la administración, tribunales económicos. Todo vale en contra de
Catalunya. Consigna: hacer el mayor destrozo que se pueda. Atacar sin descanso.
Hacer escarmiento ejemplar. Corren rumores de que se pretende meter más
independentistas en la cárcel.
Y todo eso con un gobierno de izquierda,
aliado a un partido de más izquierda. Gentes que criticaban la política
represiva del PP y su judicialización del procés pues, decían, siendo el
conflicto político, debería tener soluciones políticas, no penales. Gentes del
"diálogo" y la "negociación". Gentes sin escrúpulos que pretenden pasar por
encima de la dignidad un pueblo, pidiendo con todo descaro a los gobernantes
catalanes que ignoren la agresión a su país y aprueben unos PGE para garantizar
la estabilidad política de los agresores,
Que la causa general contra el
independentismo es una farsa judicial escandalosa ya lo sabe todo el mundo. El
abuso y la iniquidad resultarán aun más evidentes en el curso de una vista que,
a tenor de la instrucción, promete ser un cúmulo de atropellos y violaciones de
los derechos de los acusados y los principios elementales de la
justicia.
Para intensificar el ataque del Estado a
Catalunya, los dos principales partidos dinásticos se han repartido el Consejo
General del Poder Judicial. Así se garantiza que los jueces aplican
diligentemente la "justicia" del gobernante.
Esta es la realidad de un Estado
beligerante cuyos representantes ponen el grito en el cielo cuando el presidente
Torra habla de "atacar al Estado injusto". Como si en Catalunya hubiera otra
posibilidad que defenderse atacando.
Como si hubiera otra salida que la
unilateral.
A los tribunales de justicia en su
persecución a Catalunya se une ahora este adefesio, este remedo de tribunal,
compuesto por paniaguados del bipartidismo, parientes, amigos y subordinados de
los políticos con el encargo de atacar al independentismo por la vía económica.
Este órgano es un paradigma de incompetencia (o complicidad), pues no ha
revelado ningún escándalo de financiación ilegal y corrupción de partidos, que
está obligado a vigilar. Es también un órgano corrupto en el que cien de
setecientos funcionarios son familiares de los magistrados y al que hasta el
Tribunal Supremo (que tampoco es un ejemplo de transparencia) ha tenido que
llamar la atención por no cumplir sus deberes de fiscalización.
Salvo que se trate de independentistas
catalanes. En ese caso, el tribunal de cuentas actúa con dureza y rapidez en una
causa tan arbitraria e injusta como las que se inventa el Tribunal Supremo. Pero
hay más y en el terreno simbólico: es increíble, verdaderamente increíble, que
unas personas nombradas por el partido más corrupto de la historia moderna del
país, que ha robado decenas de millones de las arcas públicas, pidan cuentas
exageradas a quienes han tenido un comportamiento intachable y han posibilitado
que se materializara el mandato democrático del pueblo.
Que una persona como Margarita Mariscal de
Gante, ministra que fue en un gobierno cuyo vicepresidente está hoy en la cárcel
por ladrón, persiga a los adversarios políticos de sus jefes muestra no ya que
España no es un Estado de derecho, sino que es un Estado de delincuentes sin
escrúpulos que abusan del poder que detentan para aniquilar a sus adversarios
políticos, metiéndolos en la cárcel, arruinándolos de por vida. Como sea.
No lo conseguirán, claro, pero es bueno
que se sepa qué calaña de individuos gobierna España.
Publicado por Ramón
Cotarelo
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