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Este catedrático de Derecho Constitucional (Sevilla, 1944) lo que dice es
que, si se analizan sus críticas y previsiones, nunca se ha equivocado
AUTOR
Habrá quien piense de él que es el 'enfant
terrible' del constitucionalismo español y quien lo vea como un oportunista que
le hace el juego a los independentistas catalanes. La realidad es que, desde
hace más de diez años, Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944) se ha
convertido en una de las principales referencias de la izquierda radical y del
movimiento independentista para sustentar
con su criterio académico las críticas al modelo de Estado, a las decisiones del
Tribunal Constitucional, a la Corona… A todo aquello que hace tambalear la
democracia española. Este catedrático de Derecho Constitucional lo que dice es
que, si se analizan sus críticas y previsiones, nunca se ha
equivocado.
En su juventud, coincidió en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla con la que después sería la cúpula
dirigente del PSOE (Felipe González, Manuel Chaves, José Antonio Griñán…), pero
se afilió al Partido Comunista, el único en el que ha militado aunque durante
años colaboró activamente con el poder socialista de la Junta de Andalucía. En 2015,
llegó a inscribirse en una candidatura de Podemos al Congreso, pero lo abandonó
poco antes de empezar la campaña electoral; lo hizo por su amistad con Chaves
ante el procesamiento de los ERE, para no participar en el acoso político al
expresidente andaluz. Su obra se estudia en las universidades españolas; su
último libro se lo dedica a sus nietas: 'La Constitución explicada a mis
nietas'.
PREGUNTA. ¿Está usted seguro de
que, tal y como están las cosas, sus nietas conocerán de adultas una
Constitución española?
RESPUESTA. Lo importante de una Constitución es formarse bajo
ella. Walter Bagehot, que era periodista, uno de los fundadores
de 'The Economist', decía que quien entiende bien una Constitución no es la
generación que la hace, sino la generación, las generaciones, que se educan bajo
ella. Como mis nietas ahora. ¿Cuánto va a durar esta Constitución? Pues no lo
sé, porque como no se reforma…
P. Pues verá, quizá el problema
sea ese, que en España se ha hecho poca pedagogía de ese logro histórico de los
españoles, como fue la Constitución.
R. La historia de la Constitución del 78
es una historia de éxito, de eso no cabe la menor duda. No existe parangón en la
historia de España. Pero ese no es el problema; la patología constitucional
española es la incapacidad de reformar la Constitución. No hay ningún sistema
constitucional, por muy bien hecho que esté, que no necesite renovar su
legitimidad. La legitimidad de esta Constitución es la de la Transición. Muy
bien, la Transición, la Transición, la Transición… Nada más que hablamos de la
Transición, pero es que aquello pasó. Ahora hay que renovar su legitimidad. El
Senado, por ejemplo, es una vergüenza, es anticonstitucional, un aborto. Hay
más: es necesario incluir el mapa autonómico en la Constitución, eliminar la
preferencia del varón sobre la mujer en la Jefatura del Estado, la relación del
Derecho español con el europeo…
El Senado, por ejemplo, es una vergüenza,
es anticonstitucional, un aborto
P. ¿Está usted seguro de que en
otros países democráticos la gente se cuestiona la legitimidad de su
Constitución por el hecho de que no se reforme? En Estados Unidos, por ejemplo,
que tiene una constitución de más de dos siglos…
R. Este debate se plantea en todos los
países del mundo con respecto a sus constituciones… Un Estado democrático
funciona con la combinación de un principio de legitimidad y un principio de
legalidad. El principio de legitimidad es la Constitución y el principio de
legalidad es el resto del ordenamiento jurídico, que se renueva permanentemente,
desde las ordenanzas municipales hasta las leyes orgánicas. Pero todo descansa
en la presunción de legitimidad que solo tiene la Constitución. Digo presunción
porque los ciudadanos se tienen que creer esa legitimidad. ¿Estados Unidos? Estados Unidos es
Estados Unidos, aunque también se ha reformado de la misma forma que en todos
los demás países, en todos: las constituciones se renuevan porque son
democráticas y son democráticas porque se renuevan. En España, no lo
hacemos.
P. ¿Usted cree que los problemas
de España se resuelven modificando el Senado o incluyendo en la Constitución el
mapa autonómico? Es que a veces se habla de reformar la Constitución cuando lo
que se pretende es demolerla…
R. La Constitución no resuelve ningún
problema; la Constitución no está para resolver problemas... La Constitución es
la norma que hace posible que se resuelvan todos los problemas utilizando la
política y de una forma jurídicamente ordenada. Y repito: de ahí la importancia
de su legitimidad que se consigue cuando se renueva. Todas aquellas
constituciones que no se renuevan, acaban saltando por los aires. En España
tenemos bastante experiencia histórica y a esta Constitución le ocurrirá lo
mismo si no nos convencemos de eso… Se hizo la Constitución del 78, nos tragamos
lo que nos tuvimos que tragar, y ahora hace falta renovarla porque la reforma
constitucional es la institución más importante de una democracia.
P. Me desconcierta que primero
diga que la Transición es una historia de éxito y ahora añada que nos tuvimos
que tragar… ¿Qué nos tuvimos que 'tragar'?
R. Pues las dos cosas más importantes del
sistema político español, la monarquía y las Cortes Generales, que las pone
Franco. La restauración de la Monarquía se produce en 1947 y
las Cortes Generales están definidas en la Ley para la reforma Política, que
también es previa al periodo constituyente. La Constitución lo que hace es
asumir todo eso, junto al sistema electoral que estaba en el decreto de
1977.
P. ¿Por qué pone usted el acento
ahí y no en que más del 90% del pueblo español aprobó esa Constitución? ¿O que
la figura del Rey fue fundamental para una Transición modélica de una dictadura
a una democracia, como reconocen todos los historiadores?
R. No podemos hacernos trampas en el
solitario… La gente quería salir del franquismo y la Constitución se
votó masivamente, sí, pero la gente no votó la monarquía.
P. De la misma forma podríamos
decir que tampoco se votaron las autonomías…
R. No, eso es distinto porque había
claramente un deseo en la sociedad española de un Estado descentralizado.
La gente quería salir del franquismo y la
Constitución se votó masivamente, sí, pero la gente no votó la monarquía
P. En fin, me parece un gesto de
cicatería no reconocer el papel del rey Juan Carlos en la llegada de la
democracia. Y el prestigio popular que gozaba en aquellos años.
R. A ver, que la figura del Rey fue clave
no se discute; él dirigió la transición desde las Leyes Fundamentales del
franquismo a la Constitución. Pero dirige el proceso con la finalidad de
garantizar la restauración de la monarquía y sabía que, a esas alturas de la
historia, necesitaba una constitución democrática.
P. Si se oyen, o se leen, las
memorias de los líderes de izquierda de la Transición, desde Felipe González a
Santiago Carrillo, nadie dice que tuviera que 'tragar'; todos hablan de un
acuerdo necesario para conseguir la democracia. Republicanos que se vuelven
'juancarlistas'…
R. Fue una imposición. Yo recuerdo una
reunión del Comité Central del PCE en la que, en un momento
dado, llamaron a Carrillo de la Presidencia del Gobierno,
Adolfo Suárez. Sería abril de 1977, ya legalizado el Partido
Comunista. Estábamos reunidos, lo llamaron y se ausentó durante dos horas. A la
vuelta, Santiago nos dijo: 'Señores, la monarquía no se puede discutir. Si no
nos comprometemos a sacar adelante la monarquía, se aborta el proceso
constituyente'.
P. Estamos en lo mismo: también se
puede afirmar que la monarquía en aquel momento era el pegamento necesario para
que la democracia fuera aceptada por todos.
R. Bueno, esa es otra cuestión distinta.
Pero Franco es quien impone la monarquía y al monarca, porque se salta la
dinastía para que se viera claro que Juan Carlos era su decisión. Luego el Rey
elige a Suárez y este es el que hace ver a todos cuáles son los condicionantes.
A partir de ahí, tenemos una Constitución perfectamente democrática y lo que
digo es que tendría que haberse reformado para ir levantando hipotecas y
renovando su legitimidad.
La Constitución se ha interpretado como un
punto de llegada y eso es una barbaridad, acaba mal. De hecho, ya tenemos muchos
problemas: desde el 2014 o 2015, el sistema constitucional ya no está
funcionando en España. Somos el último país de la Europa occidental en
incorporarnos a una democracia constitucional y hemos sido el primero en tener
que repetir unas elecciones por incapacidad para nombrar a un presidente del
Gobierno. Luego vino la falsa investidura de Mariano Rajoy, porque no se
sustentaba en una mayoría para gobernar, y la moción de censura estrambótica de
Pedro Sánchez,inimaginable antes de la sentencia de la Gürtel.
No se aprueban presupuestos, no se aprueban leyes…
P. Lo que usted quiere decir,
entonces, es que en España lo que no funciona es la clase política, pero eso no
tiene nada que ver con la Constitución. ¿No le parece?
R. La síntesis política que hace la
sociedad española, que es en lo que consiste la democracia, con el marco
establecido en la Constitución, no ofrece una fórmula de gobierno. El esquema de
representación que se definió con la Constitución ha funcionado en estos
cuarenta años, con el bipartidismo, pero ya no funciona. Eso se ve claro con el
desmoronamiento de todos los partidos políticos. Parece que el PSOE se está librando, pero es
que al PSOE se le aparece la virgen periódicamente…
P. Explíqueme, como si fuera a sus
nietas, cómo se puede defender el derecho a la autodeterminación que no
contempla ninguna Constitución, ni la española, ni ninguna.
R. El derecho de autodeterminación no
existe. El derecho de autodeterminación es el derecho constitutivo de la
democracia, usted se autodetermina eligiendo a sus representantes en su ciudad,
en su comunidad, en el Estado y en Europa. Y los catalanes, por tanto, no están
privados de ningún derecho porque tienen exactamente los mismos que el resto de
ciudadanos del Estado. Dicen que están privados de derechos, pero eso no tiene
sustento jurídico: lo que de verdad quieren decir es que no quieren ejercer sus
derechos con el resto de los españoles, sino separados, de forma
independiente... Vamos a ver, Cataluña es el gran problema constitucional de
España. Desde siempre, desde antes de que existiera la Constitución. Ahí está la
rebelión catalana del siglo XVII que ha estudiado Elliot, cuando Cataluña se
separa de España y se une a Francia.
Vamos a ver, Cataluña es el gran problema
constitucional de España. Desde siempre
P. En plena revuelta
independentista, en octubre de 2017, escribió usted un artículo en 'Ara' en el
que decía que lo que estaba pasando era la reacción de los catalanes "ante el
golpe de Estado del PP a través del Tribunal Constitucional". ¿Cómo se puede
decir eso y cómo puede decirlo un catedrático de Derecho
Constitucional?
R. Pues sí, y además lo dije también mucho
antes. En 2007, en un artículo en 'El País', tres años antes de la sentencia del
Constitucional, en el que decía: 'se está fraguando un golpe de Estado en el
Tribunal Constitucional y como
triunfe el golpe, las consecuencias van a ser terribles'. Tres años después, es
lo que sucedió.
P. Repito: en el momento en el que
la Generalitat proclama la independencia y la desobediencia, usted dice que
quien ha dado un golpe de Estado es el Tribunal Constitucional. Me resulta
incomprensible…
R. Vamos a ver, formalmente, el Tribunal
Constitucional dicta una sentencia constitucional: materialmente, lo que hace es
destruir los dos pilares en los que descansaba la constitución territorial y que
se había pactado en la Transición, expresamente para Cataluña. Eso fue lo que
consiguió al desautorizar el pacto entre los dos Parlamentos e ignorar el
resultado del referéndum. A partir de entonces, en Cataluña hay una Constitución
y un Estatuto, pero los ciudadanos no lo reconocen.
P. Querrá decir una parte de los
ciudadanos.
R. La mayoría o, por lo menos, un número
suficiente como para que no funcione nada. Y Cataluña tiene tanto peso que
España no puede dirigirse democráticamente si no se dirige democráticamente
Cataluña. Ese es el problema: los catalanes no tienen fuerza suficiente para
independizarse, pero sí tienen fuerza para hacer imposible el funcionamiento
democrático del Estado español. La independencia es un espejismo; cuando está
lejana parece posible pero cuando se acerca, se desvanece.
P. ¿Ha seguido el juicio del
'procés'? ¿En España existen presos políticos?
R. En España no hay presos políticos, pero
lo parece. A ver, mi opinión es que en España existe un Estado democrático y de
derecho y una Justicia que, con sus problemas, es equiparable al resto de
Europa. Pero la forma de responder al 'procés' no ha sido la de un Estado
democrático y de derecho. Judicializar lo que ha ocurrido y plantearlo como un
delito de rebelión es una barbaridad, vulnera la Constitución y se saltan
derechos fundamentales.
P. Pero ¿cómo puede ser
inconstitucional aplicar la Constitución y el Código Penal que incluye el delito
de rebelión por declarar la independencia de una parte de
España?
R. La rebelión es con violencia, que no se
da en Cataluña… Vamos a ver, eso no es
aplicar la Constitución, es judicializar un problema de naturaleza política. Una
vez que se aplicó el 155 y se suspendió la autonomía, si se cometieron delitos,
que yo creo que se cometieron, como malversación o desobediencia, tendrían que
haberse llevado a los juzgados correspondientes, la Audiencia Provincial de
Barcelona o el Tribunal Superior de Justicia. Saltarse todo eso, llevarlo a la
Audiencia Nacional y concentrarlo en el Tribunal Supremo es una vulneración
porque lo convierte en juez de primera y una única instancia.
P. ¿Cómo piensa que acabará la
pretensión de Puigdemont de ocupar un escaño en el Parlamento
europeo?
R. Puigdemont y Comín están fuera de
España ejerciendo derechos fundamentales…
P. …están fugados de la Justicia
española.
R. No, no, eso es un error. Ellos se van
ejerciendo el derecho constitucional, artículo 19, de entrar y salir libremente
del territorio del Estado.
Puigdemont y Comín están fuera de España
ejerciendo derechos fundamentales
P. Está usted de broma,
¿no?
R. No, no, nada de broma. Hablo
completamente en serio. Cuando ellos se van no hay ninguna orden de detención
contra ellos. Y fijan su residencia en Bruselas. A posteriori, hay una orden de
detención. Ellos no huyen de la Justicia y cuando los ha llamado un juez
europeo, han acudido, se han defendido y se han mostrado dispuestos a volver en
las condiciones que esos jueces han dictado, como ocurrió con el tribunal alemán
de Schleswig-Holstein. Por lo tanto, lo que no podrá hacerse es impedirles que
ocupen el escaño en el Parlamento Europeo porque, aunque a ellos no les guste,
son ciudadanos españoles con todos los derechos que la Constitución les
reconoce. Como el derecho de sufragio activo y pasivo. En este momento, son
diputados electos, proclamados formalmente tras las elecciones. Con lo cual,
gozan de inmunidad.
P. ¿Y sucederá lo mismo con Oriol
Junqueras? ¿Cómo va a ocupar un escaño si sigue en prisión preventiva y en
septiembre puede estar condenado?
R. Mi impresión es que Junqueras será
también parlamentario europeo. Y si adquiere la condición de eurodiputado, junto
con Puigdemont y Comín, lo que ocurrirá es que el Tribunal Supremo no podrá dictar
sentencia porque tendrá que paralizarlo todo y pedirle el suplicatorio al
Parlamento Europeo para poder proceder penalmente contra él. En esas, tendrán
que ponerlo en libertad, al igual que al resto de presos en prisión
preventiva.
P. Si eso sucede, en fin… Es un
golpe descomunal para la demolición del Estado español.
R. Haber judicializado esto es una
barbaridad, por eso había que resolverlo políticamente. Cuando eso sucede, el
resultado es catastrófico. Ahora es imposible saber cómo puede acabar, cómo se
puede recomponer todo… No lo sé… Lo que sí le digo es que, desde 2007, llevo
avisando de todo lo que va a pasar y todavía no me he equivocado ni una sola
vez.
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