¿Salida dialogada o diálogo de salida? | Ramón Cotarelo

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Ramón Cotarelo

A estas alturas del guion, la salida dialogada no se vislumbra, para desesperación de quienes confían en la capacidad de los seres humanos para llegar a acuerdos racionales. O sea, usando la razón. El vicepresidente Pere Aragonès avisa de que a Pedro Sánchez se le han acabado las excusas para no negociar una salida. No estoy seguro de qué se deba entender aquí. Sánchez no ha necesitado excusas para no negociar. O, mejor dicho, ha tenido mil, siendo la primera que al unionismo, por él solemnemente representado, no le da la gana de negociar nada con los independentistas. Las otras novecientas noventa y nueve sobran. No hay ni habrá negociación simplemente porque no. Esa excusa es imposible de rebatir con argumentos racionales.

Las reacciones del gobierno español, cada vez más irracionales, arrastran a los demás, por ejemplo, las autoridades del Parlamento europeo. Estas actúan ya  con el mismo desprecio por los derechos fundamentales de los diputados con que lo hacen las españolas. Todo se pega. Especialmente lo malo.  Y, con la ayuda de la brigada Borrell, en lucha permanente contra la Leyenda Negra, los responsables de este nuevo desaguisado, con rasgos de sainete, se han metido en otro jardín jurídico y han encendido una mecha de acción política en el Europarlamento que ya les está estallando en la cara. Quisieron impedir que las voces de Puigdemont, Comín y Junqueras pudieran escucharse. Han conseguido amplificarlas, pues diversas fuerzas con representación parlamentaria, plantearán la necesidad de que la Cámara debata sobre la situación en que se encuentran tres de sus miembros electos. El mejor aliado de la República catalana en la tarea de europeizar el conflicto España/Catalunya es el gobierno español, como siempre. 

En otros casos, la irracionalidad del gobierno, su nerviosismo ante la llamada cuestión catalana, lo lleva a mostrar una insólita burricie al enfrentarse no solo a la europeización sino a la internacionalización del conflicto a través de la ONU. Tenga el valor, alcance e importancia que tenga el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias (por lo demás, demoledor para la justicia española), cuando lo recibe un país civilizado, contesta en debido tiempo y forma a través de los protocolos y cauces establecidos. La contestación es muy sencilla: el gobierno se da por enterado del contenido del informe y se permite el lujo de recordar al grupo de trabajo que, como Estado de derecho que es, en España rige la separación de poderes y no está al alcance del gobierno interferir en el Poder Judicial.

Y colorín colorado.  Eso será verdad o no. Palinuro, sabido es, piensa que no. Pero no es él quien haya de contestar al grupo de trabajo, sino el gobierno y lo que cualquier gobierno inteligente haría sería contestar a lo Marchena, "vamos a ver, en España hay división de poderes, etc., etc". Es lo más inteligente, tanto si es cierto como si no. Si lo es, porque lo es; y, si no lo es, porque corresponde al grupo demostrar que no lo es o que ni siquiera puede invocarse, como sostiene Ben Emmerson. En todo caso, ganaría tiempo, en lugar de quedar como un régimen patibulario. 

Al gobierno español le ciega la ira frente al independentismo que no solo no se doblega, sino que persiste y avanza. A cuenta de combatir el "relato independentista" en el exterior, el ministro de Asuntos catalanes, Borrell, anda provocando conflictos diplomáticos por doquier. Con su asesora de España global que, en realidad, es España cañí, ha comenzado una campaña bastante sucia de desprestigio del grupo de trabajo y de sus integrantes, acusándolos de parcialidad y contubernio antiespañol, para abreviar la consabida monserga. Aunque estas acusaciones fueran ciertas, que no lo son, se habrían debido formular antes del requerimiento de grupo de trabajo. Una vez se supo que este iba a tratar el asunto, el gobierno debió presentar la correspondiente reclamación. Haber callado entonces y acusar ahora es lo típico de los tramposos o los concursantes no galardonados en premios literarios: se esperan al fallo del jurado y solo entonces descubren que está lleno de vendidos y analfabetos. 

No hay salida dialogada para el gobierno de España. Su apuesta es por la represión, la unilateralidad (por ambas partes) y más represión. Hasta la ruptura y la salida final en la que el único diálogo será: 

- Usted primero. 

- De ningún modo. Primero usted. Yo apagaré la luz. 

Publicado por Ramón Cotarelo

Font: https://cotarelo.blogspot.com/2019/06/salida-dialogada-o-dialogo-de-salida.html

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Sofía ya es fiscal y Lesmes, el Rey Sol | Elisa Beni

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Hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control

Está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos

Elisa Beni

"Sin una total y plenaria resolución de este gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente nada"

Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder

En esta semana, que Stravinsky no hubiera firmado como primaveral, hemos conocido diversos hechos que consagran por un lado a Sofía Marchena como fiscal y a Carlos Lesmes como el Poder Sol. Puedo decirles ya que no hay en España nadie con más poder que Lesmes y sus siete acólitos de la Comisión Permanente del CGPJ. Nadie tiene más poder que ellos porque no hay nadie más en este Estado de Derecho cuyos actos no puedan ser controlados o fiscalizados por nadie. Y ése es el verdadero poder. Hoy voy a explicarles cómo estas ocho personas han conseguido no responder sino ante sus conciencias, si es que las tienen o están activas. Un poder sin control no es un poder democrático. Y, como en los buenos relatos, todo está relacionado y al final les va a dar la impresión de que encajan todas las piezas que durante meses hemos ido atesorando.

Es obligación, ya les dije, de buen periodista seguir las historias y, en la era del relato más que nunca, el lector tiene derecho a saber en qué desembocan aquellas que iniciamos. Por eso quería contarles que Sofía Marchena ya es la fiscal 35+1 de su promoción y que el Rey le ha hecho entrega esta semana de su flamante despacho para comenzar su singladura, tras todo este culebrón que conocemos, transformada inéditamente de la juez que no fue en la fiscal que ya es. Me cuentan que, a pesar de ser la última a elegir, dadas las extrañas conformaciones de su plaza, ha podido escoger aún entre dos destinos y de ellos se ha quedado con Ibiza, desdeñando el de Olot que también le fue ofrecido. Sofía Marchena ya es fiscal ibicenca y, además, estos mismos días ha tenido la tranquilidad de ver como la Sala Tercera del Tribunal Supremo archivaba la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la anómala forma en que consiguió cambiarse desde la carrera judicial. ¡Llevaba razón ella!, me dirán. ¡Todo era limpio y legal como proclamaban los tiralevitas de papá Marchena! No lo sabemos, les respondo. Y no lo sabemos porque el Tribunal Supremo se ha negado a estudiar el fondo de la cuestión. Lo ha hecho en una resolución muy curiosa en la que la tradicional asepsia del órgano se traiciona con un párrafo final que dice: "La inadmisión por falta de legitimación no está pensada para evitar el examen de asuntos feos o comprometidos, ni para mirar para otro lado, sino para impedir el uso del procedimiento para fines distintos de los que le son propios. Como bien dice el recurrente, no todo vale", escriben los magistrados airados antes de clavarle el puñal de las costas a la asociación de juristas que presentó la demanda. No es que estos no supieran que este iba a ser el final, ni que no tengan preparados los dineros, pero que los señores magistrados se han picado es obvio. Y el que se pica...

Lo cierto es que ni la asociación de juristas catalanes que les irrita ni las asociaciones judiciales, que lo hubieran hecho, ni nadie que no sean las personas directamente perjudicadas pueden recurrir estos actos de nombramiento. Simplemente con disuadir a los perjudicados o hacer que no se enteren en plazo ya basta para consagrar la santa voluntad de un nombramiento y esto es lo que se hizo en la operación Sofía Marchena, ya que como rezaba la demanda y yo les he ido contando "se diseñó una operación jurídica para posibilitar que la Sra. Marchena tuviera la oportunidad de optar de nuevo entre la carrera judicial y la fiscal". Por eso se publicó la resolución mollar el día de Nochebuena y por eso cuando tras el escándalo de la publicación de estos hechos se hicieron ofrecimientos a las perjudicadas, que figuran en el expediente, estos se hicieron en fechas en las que ya había vencido el plazo de recurso y por vías y de forma anómala, tal y como hemos visto en el expediente. Todo eso ha quedado sepultado por un "no procede". Por eso a una de las perjudicadas, la que me destapó la noticia diciendo en uno de mis buzones: "Me llamo X (...) Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta". A esa perjudicada ya hubo quien se ocupó de convencerla de que era un lío seguir por ese camino. Borró hasta las cuentas de correo que usó para enviarme información. No hay perjudicados o estos han sido convenientemente aplacados. A otra cosa mariposa. Como si no le importara a nadie más o no tuviera que ver con la carrera judicial o con la sociedad o con los principios democráticos que pasen cosas así.

A veces Lesmes y sus siete vocales colocan a los que quieren, pero sí hay perjudicados que le echan redaños. Eso es lo que ha sucedido con los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco, para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera ha anulado este apaño y le ha dado la razón a los recurrentes que fueron perjudicados, pero Carlos Sol y sus chicos se han pasado por la toga en la ejecución de la sentencia ese control, dado que han decidido darle sus plazas a los que eran justamente sus dueños y, además, dejar a los otros dos adscritos a esa Sala, que no les pertenece, hasta que las ranas críen pelo. El control de sus actos ha quedado invalidado así. Su voluntad prima sobre todas las cosas y todas las instancias.

No es el único caso. En la Audiencia de Cádiz sacaron una plaza y nombraron por escalafón a un magistrado, pero resultó incorrecto y el TS anuló la convocatoria ¿Qué han hecho? Dársela al propietario y dejar igualmente a Juan Sebastián Coloma, nombrado indebidamente, adscrito a la Audiencia.

Todo esto solo viene a demostrar que en una sociedad democrática hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control y que está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos ya que, por vía de ejecución, ignoran a la Sala Tercera. Y viene a demostrar también que mientras en la jurisdicción penal, en la que se juegan cosas mucho más graves como la libertad, existe la legitimación de la sociedad para actuar, a través de la acusación popular, en la contencioso-administrativa no cabe de ninguna manera la denuncia de las arbitrariedades sino por aquel que haya sido directamente perjudicado por ella. Si éste no existe o desiste, la arbitrariedad se consagra. No tiene sentido en una cuestión tan esencial para la democracia como es la conformación de los órganos jurisdiccionales que impartirán justicia para el pueblo. Ni siquiera las asociaciones judiciales, al no tener reconocida la representación, pueden jugar el papel que juegan los sindicatos en otros ámbitos de la Administración.

Por eso, tengo que decirles que Carlos Lesmes, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Jose Ballesteros, Alvaro Cuesta, José María Mazas y Pilar Sepúlveda son ahora mismo los nombres del poder en España. Forman parte de una Permanente caducada, pero están dejando unos tribunales a su antojo, con filias y nepotismos incluidos, sin que absolutamente nadie pueda controlar en algunos casos sus actos. Ya saben que el Cuarto Poder solo lo es de nombre y que un pobre escribidor a veces grita y se desgañita sin lograr nada, allí donde nadie más poderoso lo ha logrado. Aun así es nuestro debe señalar y el de otros acabar con el atropello.

Font: https://www.eldiario.es/zonacritica/Sofia-fiscal-Lesmes-Rey-Sol_6_905419461.html

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La democràcia a l’estat espanyol rep la pitjor puntuació en quaranta anys | Joe Brew

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L'analista de dades Joe Brew mostra els errors d'Espanya Global a l'hora d'analitzar les dades de V-Dem · L'estat espanyol no ha millorat pas en qualitat democràtica

Joe Brew

V-Dem és un consorci acadèmic internacional amb base a la Universitat de Göteborg (Suècia) que mesura la democràcia. El seu Informe sobre la democràcia anual és un baròmetre fiable de la qualitat democràtica de països de tot el món a partir de múltiples dimensions i indicadors. A diferència d’altres índexs de democràcia, els mètodes i dades de V-Dem són completament transparents i públics; tothom qui ho vulgui pot descarregar-ne les dades i examinar-ne cada variable.

Espanya i l’informe del 2019

Recentment, V-Dem ha publicat l’informe del 2019 i les dades en brut. Poc després de la publicació, l’arma de màrqueting del govern espanyol que és Espanya Global (una branca del Ministeri d’Afers Estrangers) va començar a piular dades i infogràfics basats en V-Dem.

Aquests piulets i gràfics, en anglès i espanyol, deien que Espanya havia millorat tant la posició en el rànquing com la puntuació en l’índex de ‘democràcia liberal’ el darrer any.

Espanya Global i la seva dirigent, Irene Lozano, van publicar altres missatges i gràfics relacionats amb V-Dem. Per exemple, molts piulets assenyalaven que la ‘independència judicial’ d’Espanya era entre les deu millors del món.

A banda de publicar-ho a la web, el compte oficial en espanyol d’Espanya Global va piular infogràfics i xifres destacant la ‘millora’ respecte de l’any anterior i l’alta puntuació en ‘independència judicial’.

Altres usuaris també van recollir la campanya. Usuaris privats i comptes oficials d’òrgans del govern espanyol –com ara España en la UE– van piular sobre les ‘millores democràtiques’. I el Ministeri d’Afers Estrangers espanyol, i també molts polítics, va repiular-los.

Llegint tots aquests piulets està clar que la democràcia espanyola ha millorat aquest darrer any, oi?

Però…

Hi ha un problema amb tots aquests piulets i gràfics sobre les grans millores en qualitat democràtica de l’estat espanyol i els rànquings d’independència judicial. Que no són certs:

—La puntuació d’Espanya a V-Dem no va millorar l’any passat. De fet, va baixar una mica.

—El rànquing d’Espanya no ha canviat des de l’any passat.

—I la ‘independència judicial’ de l’estat espanyol no és a la llista de les deu millors de V-Dem.

Simplement és fals. És mentida.

LES DADES

Espanya Global va cometre un error interpretant les dades de V-Dem. O més ben dit, tres errors.

Error 1: l’índex de ‘democràcia liberal’ d’Espanya no va pujar durant l’any passat, va baixar

V-Dem té una mesura d’índex, és a dir, una agregació d’altres mesures, que anomena ‘índex de democràcia liberal’. Segons Espanya Global, aquesta mesura va millorar del 7,03 al 7,42 l’any passat.

Això no és cert. Les dades correctes són aquestes:

El gràfic anterior mostra que l’índex de democràcia liberal d’Espanya no va millorar l’any passat. De fet, va empitjorar, passant del 0,747 al 0,742.

Segons un article al bloc d’Espanya Global sobre les dades de V-Dem, ‘la consolidació democràtica d’Espanya durant els quaranta anys de la constitució és indubtable’. Tanmateix, segons les dades de V-Dem, l’última puntuació de l’estat és la pitjor d’aquests darrers quaranta anys, la pitjor des de la constitució espanyola.

Error 2: no, el rànquing d’Espanya en l’índex de ‘democràcia liberal’ no ha millorat aquest darrer any; s’ha mantingut igual

Segons Espanya Global, l’estat espanyol ha pujat nou llocs (del 35è al 26è) en el rànquing de països del món en termes de democràcia liberal.

Això també és fals. La posició d’Espanya en el rànquing del 2019, amb dades recollides el 2018, és la 26a. La posició l’any anterior era la mateixa. No hi ha millora.

El gràfic següent mostra les dades correctes:

Error 3: Espanya no és a la 7a posició mundial en el rànquing d’independència judicial. És a la 17a o 18a.

A l’infogràfic en espanyol publicat per Espanya Global, així com en diversos piulets sobre el tema, es deia explícitament que la independència judicial de l’estat espanyol es trobava entre les deu millors del món, vegeu-ho:

Això, novament, és fals.

Hi ha dues variables en les dades de V-Dem que mesuren directament la independència judicial. Són la independència dels òrgans jurisdiccionals superiors (v2juhcind) i la independència dels tribunals ordinaris (v2juncind). En aquestes dues variables, l’estat espanyol es troba en la dissetena i la divuitena posició respectivament, i no pas en la setena. El gràfic següent mostra les dades correctes.

Allò que Espanya Global va publicar com a ‘independència judicial’ en realitat era una traducció errònia de l’índex de ‘limitacions judicials a l’executiu’. De fet, aquest índex sí que inclou algunes mesures sobre independència judicial, però també n’inclou unes altres, com ara el respecte de l’executiu a la constitució i el compliment dels tribunals. Heus ací l’infogràfic d’Espanya Global mostrant la traducció errònia:

Com poden haver-hi hagut aquests errors?

Espanya Global va publicar informació falsa. Però ho anomeno ‘error’ i no ‘mentida’ perquè és completament plausible que no fossin conscients que la informació que difonien era falsa.

Crec que va passar això: algú d’Espanya Global va decidir de comparar l’informe V-Dem sobre democràcia del 2019 amb el del 2018. Van mirar els arxius pdf de dos anys diferents, van mirar les puntuacions i rànquings i els van convertir en infogràfic. Sona bé, oi? Malament.

Qui ho fes no va examinar la metodologia i les dades en brut de V-Dem. Si ho haguessin fet, haurien vist que l’informe del 2019 es basava en la versió 9 de la metodologia, mentre que el del 2018 es basava en la versió 8. Tenint en compte les dues metodologies, hom no pot comparar V9 amb V8. En canvi, per fer una comparació en el curs del temps, s’hauria de fer servir la metodologia més recent (V9), que inclou dades històriques.

És una mica confús. Quan vaig examinar el brut de dades i vaig veure les discrepàncies amb els pdf dels informes anteriors també em vaig confondre. Així que vaig escriure a V-Dem i els vaig demanar per què el pdf del 2018 tenia valors diferents del brut de dades V9.

L’equip de V-Dem em va respondre. Em van explicar que ‘comparar els valors absoluts de l’índex entre diferents versions dels conjunts de dades’ –que és justament el que va fer Espanya Global– podia ‘ser enganyós per diverses raons’. Me’n van fer una llista, que incloïa:

1. ‘Els codificadors afegeixen dades amb cada actualització.’

2. ‘Actualment, permetem als nostres programadors d’actualitzar i canviar les seves valoracions si troben informació nova i més precisa. Això, amb el temps, hauria de conduir a una millora contínua de la qualitat de les dades.’ Per tant, V9 s’hauria de considerar ‘millorat’ en relació amb V8.

En altres paraules, les versions més recents no contenen solament dades més actuals sinó també dades més precises del passat. I com que el mètode estadístics en cada versió són diferents, hom no hauria de comparar-ne les dades, tal com va fer Espanya Global. En canvi, s’haurien de comparar les dades al llarg del temps, fent servir la mateixa versió. Això he fet en aquest article.

L’equip de V-Dem va més enllà. ‘Els usuaris haurien de fer servir els informes més recents, atès que les dades d’informes anteriors també s’han millorat.’ Com que la meva pregunta a V-Dem s’enfocava a les dades d’Espanya, em van respondre sobre aquesta qüestió: ‘Si els treballadors de l’estat espanyol volen saber si la democràcia liberal va millorar del 2017 al 2018, haurien de mirar les dades de V9 durant els dos anys. Espanya ocupa el lloc 26 en tots dos casos, però la puntuació va baixar del 0,747 el 2017 al 0,742 el 2018. Això és dins d’intervals de confiança, per la qual cosa no es pot considerar una gran disminució.’

En altres paraules, la puntuació d’Espanya en l’índex de democràcia liberal, a més del rànquing, no va millorar pas l’any passat. En el cas d’Espanya Global i els seus esforços per mostrar una millora, ‘si els treballadors van comparar la puntuació V8 del 2017 amb la puntuació V9 del 2018 o del 2017, seria una comparació molt enganyosa en tots dos casos, tenint en compte la metodologia de V-Dem’, expliquen.

Conclusió

Espanya Global va publicar i publicitar molt una ‘millora’ en les puntuacions i rànquings com a democràcia liberal amb les dades de V-Dem. També va dir i publicitar que l’estat espanyol era entre els deu països del món amb més independència judicial. Totes dues afirmacions són falses. La puntuació d’Espanya en l’índex de democràcia liberal no ha millorat ni es troba en la llista dels deu millors estats amb independència judicial, segons les dades de V-Dem.

Com he dit, és completament plausible que fos un simple error d’Espanya Global, i no un intent d’enganyar. I si és un error, espero que Espanya Global s’esmerci de la mateixa manera a publicar la comparació correcta com va fer-ho quan va publicar l’errònia.

Podeu veure el codi d’aquesta anàlisi públicament ací.

Font: https://www.vilaweb.cat/noticies/democracia-espanya-pitjor-puntuacio-40-anys/

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Denuncian a Marchena por su presunta vinculación mercantil con el abogado que se querelló contra Puigdemont

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Esta vinculación puede suponer una falta de imparcialidad no sólo de Marchena sino de toda la Sala del Supremo que está juzgando a los políticos presos catalanes.

Martha Golfín

ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia, denunciará en la mañana de hoy al presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que está juzgando el ‘procés’, Manuel Marchena Gómez, por sus vinculaciones mercantiles con una empresa del abogado que se querelló contra Puigdemont, Nicolás González-Cuéllar Serrano.

Como puede leerse en su página web, “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna” es una empresa de edición, distribución y venta de libros especializados en Ciencias jurídicas y sociales, así como relativos a temas de actualidad, que comenzó su actividad con la obra «Ecos de Inquisición», del Catedrático de Derecho Procesal y Abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano (administrador único de la sociedad), con prólogo del Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez”. Bajo la pestaña de la misma página web  “CONSEJO EDITORIAL”, vuelve a aparecer como uno de sus integrantes el nombre del actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que está juzgando la causa del ‘procés’.

Su colaboración mercantil con la empresa “Ediciones Jurídicas

Castillo de Luna”, de la que  Manuel Marchena Gómez figura como miembro de su Consejo Editor y también como marca de la actividad mercantil, es absolutamente incompatible con la carrera judicial, teniendo en cuenta además que esta empresa editorial se constituyó para editar y publicar los libros de los integrantes de su consejo editorial, y entre ellos los libros del propio Marchena (según figura en la pestaña “tienda online” de su página web) escritos todos ellos en colaboración con el administrador único de la empresa editorial, Nicolás González-Cuéllar Serrano, miembro también de su consejo editorial.

Según datos del registro mercantil, Nicolás González-Cuéllar figura como socio único de la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”, que se constituyó en el año 2014 coincidiendo con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que en los tres años siguientes (desde el año 2015 al 2017) facturó más de 400.000 euros.

El problema es que las relaciones de Manuel Marchena con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta empresa editorial se ha dedicado casi exclusivamente en estos cuatro años de funcionamiento a la edición y publicación únicamente de los libros escritos por tres de los miembros de su Consejo Editorial, del que, además de González-Cuéllar, también forman parte entre otros el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez.

De esta forma, podríamos decir que tanto Nicolás González-Cuéllar, como Vicente Gimeno Sendra y también Manuel Marchena, son en realidad editores de sus propias publicaciones. Y si esto puede no suponer ningún problema para los dos catedráticos, sin embargo para el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo le puede representar un verdadero quebradero de cabeza, porque, si puede ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos contratos de edición con terceros, sin embargo, por ser miembro de la carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la que Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor y es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 más de 400.000 euros, la polémica está servida.

Esta  relación de amistad personal y mercantil entre el administrador único de la editorial, el abogado Nicolás González-Cuéllar, y Manuel Marchena resulta de extrema gravedad de cara al juicio al ‘procés’, ya que González-Cuellar fue el abogado que demandó a Gonzalo Boye, abogado del President de la Generalitat Carles Puigdemont, y a la jueza belga que instruyó la causa contra el juez Llarena por presunta falta de imparcialidad. Esto, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, es una contaminación no sólo de Marchena sino de toda la Sala del Supremo que está juzgando a los políticos presos catalanes.

Si lo anterior no fuera suficientemente grave, todo da a entender además que Manuel Marchena no ha escrito los libros de esa editorial que aparecen con su nombre, o no todos ellos. Todos los libros en los que aparece como coautor el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que son 4 (1/3 del total de las publicaciones de “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”), fueron publicados en un solo año, en el 2015 con una diferencia a veces de un solo mes, y alguno de ellos sobre materias (como el proceso civil o la ley orgánica del poder judicial) que no son ni de lejos la especialidad de Marchena, que proviene de la carrera fiscal.

De ello se deduce que la relación de Manuel Marchena con Nicolás González-Cuéllar no es la propia de un autor con su editor, sino que va mucho más allá, quedando sumergida en el vínculo de las relaciones mercantiles, donde son varios los socios “de hecho” y solo uno de ellos aparece formalmente como “hombre de paja” en el Registro Mercantil.

Por esta misma razón, por llevar a cabo “una actividad empresarial en toda regla”fue expulsado de la carrera fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado Sebastián Gómez Marfil.

Y es que, el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave, pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial, el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del consejo editorial de una empresa de edición.

Hay que tener en cuenta que, no es la primera vez que Manuel Marchena(procedente también de la carrera fiscal) ha utilizado la figura de miembro del consejo editor para vincularse mercantilmente con una empresa editorial. Según el periódico digital eldiario.es, lo hizo también cuando fue miembro del consejo editorial de Vocento (vinculado a la fundación FAES de José María Aznar) participando en la redacción de los editoriales del grupo.

Font: https://diario16.com/denuncian-a-marchena-por-su-presunta-vinculacion-mercantil-con-el-abogado-que-se-querello-contra-puigdemont/

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